Estoy parado en plaza Lavalle, frente al Palacio de los Tribunales. Edificio presidido por la estatua de una señora con sus ojos vendados y un balancín en su mano. Entra y sale gente ataviada generalmente de colores oscuros, llevando en su mano portafolios de diversos tipos, con un andar apurado; al cruzarse con otra persona se saludan y hablan con una jerga incomprensible. Pienso, mientras observo el edificio que reinará en él la ecuanimidad y la imparcialidad. Mientras veo el ir y venir de la gente me cuestiono ¿existe realmente justicia?.

¿Qué es el derecho? Me informo que es el conjunto de reglas establecidas y defendidas por un estado para organizar la vida social. Frente a esta definición, reflexiono, estos conceptos no aseguran su coherencia interna, ni la adecuación de lo que realmente sucede, oculta las contradicciones que la sociedad intenta regular.

Hace poco tiempo leí en el diario “La Nación”, fallos judiciales que no se asientan en ninguna consideración de justicia. Una niña de ocho años que vive con su familia, fue violada por su padre, su madre lo denuncia y el hombre es detenido. A pesar de la naturaleza del delito; abuso sexual doblemente agravado, el tribunal de San Isidro benefició al imputado con prisión preventiva morigerada. Lo insólito del dictamen se debió a que los jueces decidieron beneficiar al imputado sobre la base que la violación había sido solo una vez.

Este no fue el único caso en el que la justicia beneficia a un acusado de violación. En otra instancia sucedió algo inaudito, los jueces fijaron el domicilio donde el acusado debía cumplir la prisión preventiva, se niega ir a esa casa y exige ser trasladado al domicilio donde viven su esposa y la hija que había violado.

Aunque sea una obviedad repetir tantas veces lo dicho, nunca está demás reiterarlo: “la justicia es un derecho humano”. Resulta impensable un estado de derecho sin un Poder Judicial idóneo, imparcial e independiente que vele por el cumplimiento y la efectiva vigencia de la ley y se responsabilice de sus violaciones.

Los jueces son los únicos funcionarios del Estado que gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta. No rinden cuentas de sus actos ni deben revalidar títulos. No acceden a sus cargos por elección popular, son ajenos al reproche social, más allá del espacio que en los últimos tiempos ocupan en los medios de prensa. La inmunidad de los magistrados es un atributo que el estado de derecho democrático les asigna, junto con la inamovilidad de sus remuneraciones, asegurando así su independencia. Si los órganos encargados de evaluar su conducta fallan a su favor cuando no han cumplido con las normas y en especial cuando caen en prevaricato (*), la inmunidad se convierte en impunidad.

Existen en el país graves problemas de violaciones a los derechos humanos, injusticia social, corrupción administrativa, deficiencia de las instituciones del Estado, en las que también se halla incluido el Poder Judicial

En una oportunidad un abogado amigo me invitó a visitar los tribunales centrales de Buenos Aires, acepté de buen grado. Deseaba ver de cerca como ejercen su profesión los abogados y como la presiden los jueces, fuimos de una oficina a otra.
Había empleados judiciales parados detrás de mostradores, completaban el escenario largos estantes metálicos repletos de abultados expedientes. En su rito cotidiano, los abogados entregaban unos pocos alegatos a los empleados del juzgado, en otros pedían ver las carpetas de los casos que llevaban, en los que el juez, su secretario o el abogado de la otra parte habían agregado días anteriores algún escrito. Observaba a los abogados hacer copiosas anotaciones que luego mostrarían a sus socios en el estudio. En todo el papeleo, no existió ni estrado para el juez, ni tribuna para el jurado, solo un simple empleado que intercambiaba bromas con los abogados. Se respiraba un clima de profunda burocracia, que genera una gran desconfianza sobre el sistema judicial En mi recorrida percibí una pesada y vieja estructura que solo permite juzgar una pequeñez de los casos que se someten. Los juicios duran años y la mayoría de los delitos jamás se esclarecen.

El régimen judicial es clasista, son abismales las diferencias entre los que puedan pagar buenos abogados y los gastos del juicio y quienes no. En los juicios penales confluyen mafias policiales, de abogados y judiciales vinculadas con el poder de pago de los clientes.

El Poder Judicial ha desconocido o convalidado la desaparición de personas durante la última dictadura y la pérdida del patrimonio estatal durante el gobierno de Carlos Menem. Reconstituir el Poder Judicial es una de las bases de la recuperación del Estado. No se trata solo de jerarquizar la función del juez, sino de convertirlo en ejecutor de la justicia, en guardián del respeto a los derechos humanos, civiles, políticos y en custodio de la soberanía nacional.